Este jueves se oficializó un acuerdo entre el Aeroclub de Mendoza y el Ministerio de Seguridad y Justicia para que la organización pueda utilizar la Base Condor como pista de aterrizaje y despegue de las aeronaves.
El acuerdo se da a casi un año después de que la Legislatura sancionara una ley a través de la cual no se le renovó la conseción que el Aeroclub tenía en la zona de La Puntilla, en Luján de Cuyo.
Según lo establecido en el convenio firmado el pasado 22 de diciembre, el permiso tiene carácter precario, temporal, no exclusivo y revocable. La autorización se otorga por un plazo de 20 años, con posibilidad de prórroga mediante acuerdo escrito entre las partes.
El predio deberá destinarse exclusivamente a la actividad de aeródromo y escuela de vuelo, mientras que la institución conservará autonomía operativa, aunque deberá ajustarse a las directivas que establezca el Cuerpo de Aviación Policial, organismo que funciona en la base.
El acuerdo también fija una serie de compromisos de inversión a cargo del aeroclub. La entidad se comprometió a realizar obras y mejoras por un monto total de 3,47 millones de dólares, además de presentar el proyecto técnico correspondiente dentro de los 90 días posteriores a la firma del convenio.
Hasta el momento, este plan de obras no ha sido entregado por parte de la institución, aunque trascendió que los trabajos incluirán la construcción de al menos dos hangares para el resguardo de las aeronaves y trabajos de mejora sobre la pista de aterrizaje.
Todos los trabajos de acondicionamiento, mantenimiento o ampliación del predio deberán ser financiados por la institución y quedarán incorporados al inmueble sin derecho a compensación económica por parte del Estado provincial.
En materia operativa, el convenio establece que las actividades del Cuerpo de Aviación Policial tendrán prioridad absoluta sobre cualquier vuelo o práctica que realice el aeroclub.
Además, las operaciones deberán informarse con al menos 45 minutos de anticipación mediante un sistema de comunicación operativa y el club deberá mantener actualizada la documentación técnica y administrativa de aeronaves y pilotos, incluidos seguros, certificados de aeronavegabilidad, licencias y aptitudes psicofísicas.
El acuerdo también estableció responsabilidades en materia de seguridad y gestión. El aeroclub deberá participar en instancias periódicas de capacitación en seguridad operacional junto al personal policial y será responsable por cualquier daño que pudiera ocasionarse a terceros o al Estado provincial durante la ejecución del convenio.
Asimismo, la institución deberá contar con todas las habilitaciones administrativas correspondientes y designar un coordinador técnico encargado de garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el acuerdo.
Optimismo oficial
Las unidades que operan actualmente en la Base Cóndor mostraron su optimismo por el convenio firmado y aseguraron que esto servirá para fortalecer la actividad aérea en la zona.
“Las expectativas son muy positivas porque este proyecto va a reforzar la actividad aérea en la zona, lo cual consideramos muy positivo“, explicó Antonio Ibaceta, coordinador de tareas especiales, cuerpo de aviación policial y patrulla de rescate de la provincia.
En cuanto a las obras, Ibaceta afirmó que si bien no les han confirmado cuáles son los trabajos que se realizarán en la Base Cóndor, afirmó que “para que las aeronaves estén en el lugar es necesaria la construcción de hangares para el resguardo de las mismas y una mejora de la pista de aterrizaje, que si bien está en buenas condiciones, se necesita hacerle algunas reparaciones”, señaló el agente.
En cuanto al uso de la pista, Ibaceta recalcó que en las reuniones previas a la firma del acuerdo se estableció que “la prioridad absoluta del uso” es de las fuerzas policiales, aunque destacó que “ambas actividades son perfectamente compatibles”.
La salida de La Puntilla
El pasado 2 de julio de la Legislatura sancionó una ley que redefinió el futuro del predio donde funcionaba el Aeroclub Mendoza en la zona de La Puntilla. La norma le otorgó a la Municipalidad de Luján de Cuyo la administración y el uso exclusivo del terreno, en una decisión vinculada a la planificación urbana del departamento.
El proyecto fue impulsado por la diputada del PRO Laura Balsells Miró y habilitó al municipio a definir el destino del predio, un terreno de más de 38 hectáreas que había sido expropiado en 1973.
El inmueble había sido cedido en uso al aeroclub por un plazo de 50 años. Ese convenio venció en mayo de 2023 y la comuna decidió no renovarlo. Desde el municipio argumentaron que la decisión responde a razones vinculadas con la seguridad y con la necesidad de reorganizar el crecimiento urbano del área.
El lugar se convirtió en una de las zonas más caras de la provincia debido a la evoluciónd demógrafica que ocurrió en aquel sector de la precordillera de Luján de Cuyo.
