No es novedad que la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) atraviesa una crisis financiera persistente, una problemática que se arrastra desde hace años y que excede a las administraciones de turno. Sin embargo, más allá de las deficiencias denunciadas diariamente por los afiliados, en el último tiempo comenzaron a registrarse demoras en los pagos a prestadores que superan ampliamente el promedio considerado “aceptable” por la industria.
En el sector de las prótesis, la situación ha llegado a un punto crítico. Según pudo conocer de primera mano El Sol, el atraso en la cancelación de facturas pasó de un promedio de 90 días a 180. Es decir, el plazo de espera se duplicó. Si bien desde la industria no consideran que el corte de entregas sea una opción, advierten que la espera cruzó un umbral que no se veía hace tiempo.
Un escenario similar se observa en los nosocomios . En servicios de cirugía de alta complejidad -nombres se mantienen bajo reserva- reconocieron que la demora en los pagos por intervenciones quirúrgicas pasó de 60 días a casi 100 días promedio. Al día de la fecha, la obra social recién está cancelando prestaciones correspondientes al mes de noviembre del año pasado.
La respuesta oficial de la obra social
Ante este panorama, desde OSEP reconocieron la existencia de atrasos, aunque plantearon reparos técnicos sobre las causas.
“La modalidad de cancelación de prestaciones continúa siendo la establecida en los convenios vigentes, es decir, a 60 días corridos desde la correcta presentación de la facturación. Actualmente los pagos se están efectivizando en un promedio de 70 días a 90 días. Es decir que puede haber una demora de 30 días, según el convenio”, explicaron desde el organismo que conduce Carlos Funes, sobre quien se difundieron versiones de una posible salida y que desde el Ministerio de Salud desmintieron categóricamente.
Asimismo, desde OSEP aclararon que el circuito de pago se inicia una vez que la facturación ingresa al área contable, detectando que “en algunos casos, se registran demoras en la presentación por parte de determinados prestadores, lo que impacta directamente en los plazos administrativos posteriores”. También esgrimieron que existen situaciones puntuales vinculadas a obligaciones fiscales ante la Administración Tributaria Mendoza (ATM) que impiden transitoriamente la liberación de fondos hasta que el prestador regularice su situación impositiva.
Por el lado de los medicamentos, desde el Colegio Farmacéutico de Mendoza (COFAM) señalaron que, si bien no hay alarmas encendidas, el escenario es de alerta constante: “No hemos tenido una diferencia significativa, pero siempre bregando para que la cadena continúe. Es muy dinámico… En OSEP van pagando atrasado, pero se sigue generando nueva deuda”, explicaron.
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OSEP en números: deuda y subsidios
De acuerdo con el artículo 22 de la Ley 7314, la institución debe publicar su programación financiera trimestral. Un detallado informe presentado en la Legislatura pone cifras a la situación financiera del último trimestre de 2025.
Al inicio de ese trimestre (1 de octubre de 2025), la OSEP registraba una deuda acumulada de $31.226.211.665,00. Durante esos últimos tres meses del año, se logró una reducción neta de $18.700.701.045,00, dejando el stock de deuda al cierre del ejercicio (31 de diciembre de 2025) en un saldo final de $12.525.510.620,00. La mayor parte de esta cancelación se concentró en el rubro de Gastos Corrientes.
Un dato clave que revela el informe es la dependencia de la ayuda externa: durante el cuarto trimestre de 2025, los subsidios representaron el 9,06% del total de los ingresos percibidos. El presupuesto acumulado por subsidios para todo el ejercicio fue de $35.245.715.040,87, monto que se ejecutó e ingresó en su totalidad al finalizar el año para dotar de liquidez a la entidad.
Las últimas medidas que aplicó OSEP
Para intentar paliar el déficit, la obra social, que cuenta con 400.000 afiliados, aplicó una serie de medidas drásticas –algunas no muy bien recibidas– en los primeros meses de 2026:
- Nuevos descuentos: en enero se decidió aplicar el aporte de OSEP sobre conceptos que antes estaban exentos, como bonos, premios, viáticos, incentivos y sumas calificadas como no remunerativas.
- Cambios en medicamentos: el 12 de febrero se actualizó el esquema de cobertura ambulatoria. Bajo el Programa Médico Obligatorio (PMO), se mantiene una cobertura del 40% en fármacos con valor terapéutico elevado, pero baja al 29% en aquellos que no reúnen esos criterios. Para enfermedades crónicas, la cobertura se amplía del 40% al 70%.
- Auditorías estrictas: se impuso la obligatoriedad de adherir a planes especiales tras auditoría médica para mantener coberturas totales. Un caso testigo es la metformina, que tendrá cobertura al 100% únicamente para afiliados registrados en el Plan Especial de Diabetes. Si se prescribe para otros usos, la cobertura cae al 40%. Buscan evitar “usos indebidos” y mejorar el control médico.
- Suspensión de Afiliación Voluntaria (AVI): durante todo 2026 permanecerá cerrado el ingreso al plan de Afiliación Voluntaria Independiente, debido a que persisten las razones financieras y administrativas de la suspensión original. Solo quedan exceptuados los recién nacidos hijos de afiliadas directas o indirectas del sistema AVI.
El factor municipios y los salarios básicos
Uno de los principales “huecos” financieros señalados por OSEP proviene del desfasaje en los aportes municipales. Se trata de un problema histórico: los salarios de las comunas son sensiblemente más bajos que la media provincial y poseen una alta carga de conceptos “en negro” que no se tienen en cuenta para el aporte.
Mientras que un empleado público provincial (incluyendo docentes) aporta en promedio entre 92 y 93 mil pesos, la mayoría de los empleados municipales -a excepción de unas pocas comunas- apenas llegan a los 60 mil pesos. Esta brecha genera un déficit constante, lo que motivó propuestas legislativas que no prosperaron para que los municipios compensen esa diferencia y den oxígeno a la caja de la obra social.
¿Aumento en la litigiosidad?
La judicialización de la salud se ha vuelto parte de la cotidianeidad para OSEP. Abogados consultados por El Sol confirmaron que trabajar con amparos contra la obra social de los empleados públicos mendocinos es una práctica corriente. Muchas veces, ante la amenaza de judicializar, se llega a un acuerdo entre las partes. Pero, también, en numerosos casos todo termina en Tribunales.
Según los estados financieros del cuarto trimestre de 2025, la OSEP pagó un total aproximado de $485.763.000,00 en conceptos judiciales. Las sentencias por daños y perjuicios rondan los $213,4 millones (donde un solo caso representó $203,8 millones). Las sentencias por acciones de amparo: $271,0 millones (distribuidos en decenas de casos y sus respectivos honorarios). $1,4 millones. corresponden a otros conceptos judiciales.
