El gobierno de Javier Milei oficializó este viernes la reforma laboral al promulgar la Ley de Modernización Laboral (27.802), uno de los ejes del programa de cambios económicos impulsado por el Ejecutivo. La norma entró en vigencia tras su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina mediante el Decreto 137/2026, firmado por el Presidente, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello.
El texto había sido sancionado por el Congreso de la Nación Argentina el 27 de febrero y quedó estructurado en 25 capítulos tras la eliminación de algunos artículos en la etapa final de revisión.
La legislación introduce cambios en el sistema de indemnizaciones por despido, estableciendo que el monto máximo no podrá superar tres veces el salario promedio mensual fijado por convenio colectivo y fijando un piso del 67% de la remuneración habitual. También redefine los conceptos que integran la base de cálculo al excluir ítems como aguinaldo, vacaciones, premios o propinas. A su vez, habilita el pago en cuotas de indemnizaciones derivadas de sentencias judiciales: hasta seis pagos mensuales para grandes empresas y hasta doce para pymes. Para respaldar esos pagos se crean los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), financiados con aportes obligatorios de las empresas y supervisados por la Comisión Nacional de Valores.
En materia salarial, la reforma incorpora el concepto de “salario dinámico”, que permite establecer remuneraciones variables vinculadas al rendimiento o productividad del trabajador mediante convenios colectivos. También dispone que el pago de salarios se realice exclusivamente por vía bancaria.
En paralelo, introduce cambios en el régimen de vacaciones —que podrán fraccionarse en períodos no menores a siete días— y habilita esquemas más flexibles de jornada laboral, con turnos que podrán extenderse hasta 12 horas diarias si existe acuerdo entre empleador y trabajador y se garantiza un descanso mínimo de 12 horas entre jornadas.
La norma también modifica reglas de negociación colectiva y del funcionamiento sindical. Establece prioridad de los acuerdos por empresa o región sobre los convenios por rama de actividad, limita la ultraactividad de los convenios vencidos y fija nuevas condiciones para el derecho de huelga en servicios esenciales, donde deberá garantizarse un funcionamiento mínimo del 75%, y en sectores considerados trascendentales, con un piso del 50%. El paquete incluye además un programa de regularización laboral con condonación de hasta el 70% de deudas por aportes para empleadores que blanqueen trabajadores, beneficios fiscales para inversiones productivas de entre 150.000 y 9 millones de dólares y medidas destinadas a reducir la litigiosidad laboral, entre ellas un tope del 25% del monto reclamado para honorarios profesionales y el inicio del proceso de transferencia de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita judicial porteña o federal.
