La Cámara de Senadores aprobó este jueves el proyecto que modifica la Ley de Glaciares. La votación general concluyó 40 a 31, con una abstención. La iniciativa ahora deberá ser tratada en Diputados para ser transformada en ley.
Se trata de la reforma a la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial.
La aprobación de este proyecto es un compromiso asumido por el Gobierno con los gobernadores de provincias cordilleranas que buscan una ley más dinámica y menos rígida que la que está vigente para destrabar y multiplicar las inversiones en minería e hidrocarburos.
El Poder Ejecutivo busca redefinir el alcance de las zonas protegidas para permitir la explotación económica en determinadas áreas periglaciares que actualmente están blindadas e inhabilitadas para actividades extractivistas e industriales.
Justamente el proyecto del Gobierno introduce una precisión al hablar de las “formas periglaciares”, y alienta a distinguir entre aquellas que cumplen funciones de “reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas” de aquellas que no necesariamente cumplen dicha finalidad y son aptas para la utilización económica.
Esto significa que con la nueva ley no todo el territorio periglaciar quedaría a salvo de explotación económica, sino solo aquellas formaciones que tengan una función hídrica comprobable.
La normativa actual, que data del 2010, protege tanto los glaciares visibles como las formaciones periglaciares que están constituidas por una mezcla suelos congelados de agua dulce, roca y sedimentos.
Son ecosistemas muy fríos de alta montaña, reservorios de agua dulce habitualmente cercanos a glaciares, que se caracterizan por tener suelos congelados o saturados de agua y juegan un rol importante en la regulación del equilibrio hídrico y geomorfológico.
Con la modificación propuesta, se mantiene la prohibición para el desarrollo de actividades económicas en glaciares pero se abre una puerta para desarrollar proyectos de inversión en áreas que no tengan una función hídrica fehaciente.
El proyecto crea el Inventario Nacional de Glaciares, cuya confección y funcionamiento estará a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación de la Secretaría de Energía, que es la autoridad de aplicación.
A través del inventario, el organismo técnico tendrá la función de individualizar glaciares y formas periglaciares en el territorio nacional, y sobre éstas últimas deberá diferenciar entre aquellas que cumplen con la función hídrica de las que no.
Entre las actividades prohibidas, es decir, aquellas que “alteran de modo relevante la condición natural” o el valor hídrico de los glaciares se encuentran aquellas que liberen sustancias contaminantes, residuos o productos químicos; obras de arquitectura o infraestructura; exploración o explotación minera e hidrocarburífera; y actividades industriales.
En cambio, las actividades permitidas son las investigaciones científicas, las tareas de rescate de emergencia, y la práctica de deportes no motorizados como andinismo y escalada.
La principal diferencia entre el proyecto del Gobierno y el de la Unión Cívica Radical era que el primero le transfiere a las provincias la facultad de determinar qué áreas proteger (por constituir reservas estratégicas de recursos hídricos, biodiversidad o valor científico) y cuáles no, y están facultadas para proponer modificaciones en el Inventario Nacional de Glaciares (previo informe de evaluación ambiental); mientras que la iniciativa de la UCR le da poder total al IANIGLA.
La postura del Gobierno a favor de darle facultades de control y regulación a las provincias de los minerales y hidrocarburíferos se funda en el artículo 124 de la Constitución Nacional incorporada en la reforma de 1994 que le reconoce el dominio originario a las jurisdicciones de los recursos naturales debajo del suelo.
La iniciativa es defendida enérgicamente por las provincias mineras e hidrocarburíferas de la cordillera. También reúne rechazo de parte de asambleas ambientalistas y también de la Iglesia, que hizo saber su descontento con el avance del proyecto a través de una carta de la Comisión Episcopal Argentina.
Los sectores que cierran filas en contra del proyecto alertan que la protección de glaciares y zonas periglaciares, pilares estratégicos para la provisión de agua dulce para el consumo humano, la agricultura sustentable y la biodiversidad, no debe ser negociada frente a intereses corporativos sectoriales de corto plazo.
Estas organizaciones movilizadas en todo el país denuncian que la reforma a la Ley de Glaciares es una “regresión ambiental inconstitucional” porque vulnera el Acuerdo de Escazú al cual Argentina adhirió; y defienden la actual norma porque establece un piso de protección de esos ecosistemas particulares.
