El Gobierno de Mendoza solicitó la intervención de la autoridad laboral luego de que, en el marco de la audiencia paritaria correspondiente al régimen 15 Salud, el gremio notificara la realización de un paro para el próximo 27 de febrero de 2026.
Según planteó la representación del Poder Ejecutivo, la decisión sindical constituye una “violación flagrante al principio de buena fe negocial” y al deber de mantener la paz social mientras se desarrolla el proceso de negociación colectiva.
Además, desde el Ejecutivo advirtieron que la medida no respetaría los plazos legales de antelación establecidos por la normativa vigente para su implementación, lo que —señalaron— agrava el escenario.
El Gobierno también remarcó que la acción anunciada involucra servicios de carácter esencial, cuyo funcionamiento normal resulta imprescindible para garantizar la atención de la población.
Frente a este panorama, el Poder Ejecutivo solicitó formalmente la inmediata intervención de la Subsecretaría de Trabajo y Empleo, en su carácter de autoridad de aplicación, para que evalúe la legalidad del paro comunicado.
En ese sentido, la representación oficial requirió que no se fije fecha de cuarto intermedio en la negociación hasta tanto la autoridad competente resuelva la situación y se restablezcan las condiciones necesarias para avanzar de manera “responsable y ordenada” en la discusión paritaria.
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