El Gobierno afrontará este miércoles su primer test político de envergadura en el Congreso con el tratamiento de la reforma laboral, un proyecto que sufrió más de veinte modificaciones respecto de la versión original para garantizar su llegada al recinto.
La iniciativa es presentada por la Casa Rosada como una herramienta para dinamizar el mercado de trabajo y reducir la litigiosidad, aunque el camino legislativo obligó a ceder en puntos sensibles para destrabar apoyos.
Los principales beneficiarios de la negociación fueron los gobernadores. El Ejecutivo aseguró que no habrá cambios en el Impuesto a las Ganancias que afecten la masa coparticipable, una garantía clave para las provincias en un contexto de tensión fiscal. Ganancias representa una porción sustancial de los recursos que integran las cajas provinciales y cualquier alteración en su esquema impacta de manera directa en los presupuestos locales.
También los gremios lograron introducir límites al alcance de la reforma. Se mantendrán los aportes patronales destinados a las obras sociales y continuará vigente el aporte solidario, dos pilares del financiamiento sindical. Sin embargo, persiste el rechazo a otros artículos del proyecto, lo que derivará en movilizaciones al Congreso este sábado y en protestas sectoriales que buscarán condicionar el debate parlamentario.
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