El Gobierno nacional volvió a avanzar contra la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y su presidente, Claudio Chiqui Tapia. A través del Ministerio de Justicia, se anunció que la Inspección General de Justicia (IGJ) intimará tanto a la AFA como a la Liga Profesional de Fútbol para que brinden explicaciones sobre sus balances contables y financieros.
Según se informó oficialmente, el organismo pedirá documentación que respalde gastos e inversiones por montos que superan los USD 111 millones en el caso de la AFA y los USD 340 millones en el de la Liga Profesional. El requerimiento incluye aclaraciones sobre observaciones realizadas en los estados contables y el origen de determinadas erogaciones.
Desde el Gobierno señalaron que la IGJ exigirá especialmente a la AFA la presentación de documentos vinculados con gastos e inversiones que no estarían contemplados en sus estatutos sociales, al tratarse de una asociación civil sin fines de lucro. Además, advirtieron que la falta de respuesta o el incumplimiento de los plazos establecidos podría derivar en sanciones económicas tanto para las entidades como para sus directivos.
La intimación se suma a la ofensiva iniciada el lunes pasado, cuando la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, denunció a las autoridades de la AFA ante el Tribunal de Ética de la Conmebol por presuntas violaciones al Código de Ética y a las políticas anticorrupción del organismo sudamericano.
En esa presentación se solicitó una investigación preliminar sobre un presunto entramado de sociedades comerciales, contrataciones directas y movimientos patrimoniales que, según la denuncia, comprometerían los estándares de buena gobernanza exigidos por la Conmebol.
El caso también se enmarca en una causa judicial que tramita en el Juzgado Penal Económico N.º 10, a cargo de Marcelo Aguinsky, donde se investiga a la firma Real Central SRL y a dos personas señaladas como presuntos testaferros de altos dirigentes de la AFA. Entre los bienes bajo análisis figura una propiedad de más de 10 hectáreas en Pilar, con instalaciones de alto valor y un historial de transferencias que despertó sospechas en la investigación.
La denuncia además pone el foco en contrataciones directas entre la AFA y empresas proveedoras, como Malte SRL, que en 2022 fue adjudicataria de manera directa por cerca de USD 550.000 para tareas vinculadas al sistema VAR, una operación que ahora es cuestionada por supuestos vínculos societarios con ex directivos del organismo.
Desde la AFA rechazaron las acusaciones y denunciaron una “evidente persecución política” por parte del Poder Ejecutivo. Aseguraron que se intenta condicionar la vida institucional de la entidad y vincularon la ofensiva oficial con la intención del Gobierno de avanzar con las Sociedades Anónimas Deportivas, una figura que el fútbol argentino, remarcaron, ya decidió no adoptar.
El comunicado completo del Ministerio de Justicia
