El regreso a la presencialidad que dispuso el gobierno para los más de 20 mil alumnos con trayectorias débiles, ha dejado un sinfín de preguntas, y muy pocas respuestas.
La llegada de la pandemia del coronavirus alteró casi todo el ciclo lectivo 2020, y como es de público conocimiento, supervisores, directivos, docentes, alumnos y padres, se vieron obligados a migrar a la virtualidad.
Este cambio tan cuestionado, y que no está al alcance de todos en la actualidad, puede analizarse de diferentes maneras.
Es una obviedad lo obsoleto que se encuentra el sistema educativo nacional, con contenidos que parecen ser parte del pasado, con evaluaciones a las que poco provecho se les saca, pero por sobre todo con metodologías de trabajo que no han sido renovadas en años.
Claro que para un cambio tan repentino hay que estar preparados: desde los altos mandos, los encargados de hacer funcionar correctamente el sistema, hasta los últimos eslabones de la cadena, como docentes, alumnos y padres.
Y hablando de innovar, en momentos donde la tecnología nos ha invadido por completo, parece mentira que nos encontremos tan alejados del uso de herramientas que son de vital importancia para los tiempos que corren.
El avance del virus nos llevó a que tengamos que ir acostumbrándonos a un ciclo lectivo 2021 que estará marcado por la presencialidad y la virtualidad. No será fácil.
Estando a 13 de febrero, y a días de haber iniciado el ciclo lectivo 2021, hay más dudas que certezas sobre cómo se llevará a cabo el dictado de las consabidas clases en todo el país.
Si bien cada jurisdicción se maneja por cuenta propia, si existiera un criterio unificado se simplificarían un tanto las cosas.
Por ejemplo, en Misiones, el dictado de clases recién comenzará el 9 de marzo. Mientras que los directivos recién llegarán a las instituciones el próximo 22 de febrero. Claro, siempre y cuando no haya más dolores de cabeza a raíz del coronavirus.
Al momento de enumerar los motivos de estas idas y venidas, no pueden quedar al margen las discusiones salariales que vienen dándose en cada una de las provincias.
Los sueldos paupérrimos, los famosos bonos e incluso los aumentos por decreto, ya parecen ser moneda corriente en cada comienzo de año escolar.
Sin ir más lejos, en Mendoza, y a pesar de que las clases ya arrancaron, el Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación (SUTE), sigue teniendo entre ceja y ceja llevar a cabo algunas medidas de fuerza en todo el territorio provincial.
El próximo 1 de marzo es la fecha que dispuso el gobierno provincial, y que ratificó el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, para que todos los alumnos mendocinos regresen a las aulas.
De hecho, el propio funcionario nacional expresó ayer en la primera reunión presencial del Consejo Federal de Educación (CEF), que las clases arrancarán “con la mayor presencialidad posible y que tendremos un esquema de alternancia con distintas modalidades, que cada provincia definirá de acuerdo a su realidad”.
El gremio docente en Mendoza también vive momentos complicados. Luego de la polémica salida de Sebastián Henríquez, tomó las riendas Alberto Muñoz, aunque dicho sindicato no logra generar confianza entre sus representados.
Además, como si esto fuera poco, es muy común escuchar a docentes mendocinos decir: “Si hago paro, me sacan el ítem aula. No puedo acompañar la protesta”.
El otro punto por demás polémico, y que tantos dimes y diretes ha causado es el estado de las escuelas en Mendoza.
Fotografías, videos y dichos sobre las falencias que presentan los edificios escolares han inundado las redes sociales y han copado los medios de comunicación.
Parece mentira que, a casi un año de la llegada de la pandemia y con los edificios escolares prácticamente sin uso, la provincia no haya podido solucionar problemas estructurales que no son nuevos, vienen de hace años causando serios inconvenientes al inicio del ciclo lectivo.
Ahora la carrera es contrarreloj para intentar “emparchar” como se pueda a las viejas estructuras que han sido prácticamente olvidadas.
