La reforma laboral que analiza el Ejecutivo plantea un cambio profundo en la forma en que se acuerdan los aumentos salariales. En lugar de los ajustes automáticos por inflación, los incrementos se definirían según la productividad, la rentabilidad del sector y la situación particular de cada empresa.
El texto también prevé que las negociaciones puedan realizarse por empresa o región, sin que los acuerdos se extiendan automáticamente al resto del rubro. Según el Gobierno, esta medida busca que los aumentos sean más realistas y sostenibles, aunque los gremios alertan por la posible pérdida de equidad entre trabajadores de un mismo sector.
Otro de los puntos clave es la eliminación de la ultraactividad, lo que significa que los convenios colectivos dejarán de tener vigencia indefinida y deberán renegociarse con mayor frecuencia. Además, los convenios de empresa tendrían prioridad sobre los acuerdos sectoriales, promoviendo una mayor descentralización en las paritarias.
Los sindicatos sostienen que estas modificaciones podrían debilitar la protección colectiva y generar una mayor dispersión salarial entre regiones y actividades. En tanto, desde el sector empresario valoran la iniciativa, al considerar que dará más flexibilidad para ajustar los salarios a la realidad económica de cada compañía.
