La organización no gubernamental Fiscalía Ciudadana solicitó al Ministerio Público que convoque como testigos a Rodolfo Suarez y a los funcionarios cornejistas Leonardo Aballay, Pablo Sarale y Alejandro Donadell, engranajes clave en la distribución turbia de pauta publicitaria durante los últimos gobiernos.
Por Negro Nasif
El pasado 30 de julio, el abogado Gabriel Sottile, en representación de la ONG Fiscalía Ciudadana, presentó ante la Justicia provincial “una lista de testigos fundamentales para esclarecer las presuntas irregularidades en la distribución de pauta publicitaria por parte del Gobierno de Mendoza”.
La nómina incluye a funcionarios públicos que tuvieron —y tienen— responsabilidades directas en la distribución arbitraria de sumas multimillonarias, en concepto de publicidad y propaganda, que recibieron empresas de comunicación privadas durante las gobernaciones de Alfredo Cornejo y Rodolfo Suarez.
Entre los testigos propuestos, la principal figura es el propio exmandatario Suarez, además de Leonardo Aballay, actual director de Publicidad y Medios de la Subsecretaría de Comunicación Social, Prensa y Protocolo, quien ejerció idénticas funciones durante la administración anterior; Pablo Miguel Sarale, integrante de la misma Subsecretaría, con continuidad funcional en los últimos nueve años; y Alejandro Alberto Donadell, funcionario de la Dirección de Publicidad y Medios, con responsabilidades equivalentes en el período precedente.
El pedido de la ONG se da en el marco de un expediente judicial iniciado por Javier Fernández y Marcos Neirotti a fines del año pasado, en el cual constan pruebas concretas de “corrupción estructural” —reconocida públicamente por el exgobernador Suárez— que persistiría en la presente gestión de Cornejo.
Fraude en perjuicio de la administración pública, extorsión, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, peculado y encubrimiento son los delitos sospechados, que debe esclarecer una Justicia que, hasta ahora, no muestra la misma celeridad que imprime, por ejemplo, a la criminalización de la protesta social o a la persecución de ciudadanos críticos del gobierno.
“Nuestra presentación sostiene que la asignación de fondos públicos a medios de comunicación habría carecido de criterios objetivos y de transparencia, configurando un uso discrecional que compromete el derecho ciudadano a acceder a información veraz y plural”, aseguró Fiscalía Ciudadana mediante un comunicado difundido en los últimos días, en el que justificó las solicitudes de citación: “La declaración de estos testigos aportará elementos probatorios fundamentales para el esclarecimiento de los hechos denunciados. Reafirmamos nuestro objetivo de que se conozca la verdad completa sobre el uso de los recursos públicos en la provincia”.
fuente: el otro diario
