“Queremos frenar el atropello de malas gestiones kirchneristas por las que hoy todos los argentinos estamos sometidos a un juicio que compromete la soberanía nacional y el futuro de nuestras provincias productoras de petróleo”, afirmó el Gobernador Cornejo durante la conferencia de prensa que brindaron en Buenos Aires luego de su paso por los tribunales. A esto, Torres aclaró que “de ser necesario, también vamos a acudir al Departamento de Justicia de Estados Unidos para que se suspenda inmediatamente la acción civil hasta tanto se resuelva la causa penal”.
El texto del comunicado de prensa del Gobierno de Mendoza se distribuyó al inicio de la tarde de ayer, lunes 29. La incursión de Alfredo Cornejo, junto a sus pares de Chubut, Ignacio Torres, y de Santa Cruz, Claudio Vidal, en Comodoro Py despertó curiosidad por el propósito de los mandatarios de provincias petroleras con representación en el directorio de YPF. Hace 21 días el mismo Cornejo deslizó públicamente que se estaba preparando otra demanda contra la Nación, pero se negó a dar detalles.
Desde Casa de Gobierno señalaron que ayer el gobernador concretó ese aviso en CABA, en referencia a esta gestión judicial. El escrito oficial puntualizó el objetivo de Cornejo, Torres y Vidal:
“Quieren participar en la causa judicial que investiga la compra de acciones realizada por el Grupo Petersen en 2007, que dio origen al multimillonario pleito judicial que enfrenta el Estado argentino por la expropiación de la petrolera. También adelantaron que irán al Departamento de Justicia de Estados Unidos”.
Concretamente, las provincias se presentaron como querellantes (parte interesada y afectada) de una causa iniciada en 2007 contra la compra de acciones de la petrolera por parte del Grupo Petersen controlado por la familia Eskenazi que en 2007 se quedó con el 25 por ciento de las acciones de la petrolera controlada por la española Repsol.
El punto en cuestión de los gobernadores es develar el modo en que Eskenazi se quedó con ese paquete accionario con el aval del gobierno argentino de ese momento. Así lo explicó Torres en la conferencia de prensa junto a Cornejo.
“El grupo Eskenazi se hace del 25 por ciento de las acciones de YPF apalancándose financieramente en dividendos futuros y devengados, y esto precede a la expropiación”.
La idea: “desviciarle” la causa a Preska
El fin último es inducir que al menos quede suspendida la decisión de que Argentina entregue el 51 por ciento de las acciones de YPF para indemnizar al fondo Burford Capital con el pago de 16 millones de dólares. El fondo en cuestión demandó al Estado por incumplir con el artículo 7 del contrato, que definía que ante la expropiación, la oferta de Argentina debía hacerse a todos los accionistas que tuvieran más de 15 por ciento de la torta accionaria. Algo que no ocurrió y de ahí el juicio en territorio neoyorkino.
La clave en términos de abogados, es que la operación de transferencia de acciones al Grupo Petersen es un delito penal, por lo cual, lo evaluado por la jueza neoyorkina quedaría “desviciado” (subsanación de un vicio o de un defecto jurídico). Determinado ese punto es desde donde se desprendería la sucesión de hechos. Es decir, la transferencia de acciones de YPF que Esquenazi realizó a distintas sociedades, y desde de ahí un fondo que inicia el juicio a Argentina.
Resonancia local en campaña
El actual concejal capitalino Gustavo Gutiérrez, quien fuera síndico de YPF descree que este impulso judicial de los gobernadores tenga el final esperado porque duda de quien patrocina esta presentación: el abogado Bernardo Saravia Frías, quien fuera Procurador del Tesoro durante el gobierno de Mauricio Macri (por lo que se presume que el expresidente está motorizando este movimiento judicial).
En una nota publicada, Gutiérrez expresa que Saravia Frías, siendo funcionario del gobierno macrista omitió detallar situaciones ante el juzgado norteamericano que podrían haber incidido en la resolución de la jueza estadounidense.
Al mismo tiempo, desde el kirchnerismo local no respondieron las consultas sobre esta presentación judicial, teniendo en cuenta que el periodo en estudio el país era gobernado por el matrimonio Kirchner.
Quien sí respondió fue el candidato a diputado nacional del Frente Peronista, Emir Félix, quien se ocupó de puntualizar una cronología:
“Lo del 2007 es un acuerdo privado (la transferencia de las acciones al Grupo Petersen), en el 2012 entra el Estado (a YPF) y suspende el reparto de dividendos, se votó con apoyo de los legisladores UCR”.
fuente: :Jorge Fernández Rojas MendozaPost
