Tras tres postergaciones, este martes volverá a reunirse el plenario que viene debatiendo los proyectos de ley para reformar el Régimen Penal Juvenil. Entre las propuestas presentadas, se destaca la impulsada por el mendocino Álvaro Martínez.
El encuentro venidero se llevará a cabo mañana, a partir de las 16:00, en el segundo piso del Anexo C de la Cámara de Diputados.
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Allí dirán presentes las comisiones de Legislación Penal, Familias, Justicia y Presupuesto y Hacienda, previéndose esta vez emitir dictamen para llevar finalmente el tema al recinto en las próximas semanas.
Anteriormente se reunirá la Comisión de Legislación Penal, con el objetivo de designar autoridades vacantes.
La reunión del plenario se llevará a cabo luego de tres postergaciones. La primera debía haber sido el 8 de abril, día en el que la oposición logró quórum y el pleno se reunió en el recinto para tratar el caso $LIBRA y emplazamientos. Si bien cambió el horario del plenario de la mañana para la tarde de esa jornada, la sesión se extendió y se reprogramó para el miércoles 23 de abril, pero se suspendió nuevamente al postergarse toda la actividad de esa semana por la muerte del papa Francisco. Quedó para 30 de abril, pero la tercera no fue la vencida.
Ante esa tercera postergación se especuló con la posibilidad de ya no tratar la modificación de la edad de punibilidad este año, aunque eso fue luego negado, teniendo en cuenta del interés del Gobierno de avanzar con ese tema. Inclusive, en la inauguración del período ordinario, el presidente Javier Milei exigió al Congreso aprobar la ley de la baja de edad de imputabilidad “para que quienes son lo suficientemente conscientes para cometer crímenes de adultos, paguen las consecuencias de sus actos como adultos. Necesitamos elevar los costos para quienes delinquen”, señaló el 1° de marzo.
Durante 2024, las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda debatieron el tema en reuniones informativas con especialistas, mientras que el pasado 12 de marzo fue el último encuentro, provocado precisamente por el reclamo de Javier Milei durante la Asamblea Legislativa y en medio de la conmoción por el caso de Kim Gómez en La Plata, una niña asesinada por dos menores durante un robo.
Dentro de las iniciativas está contemplada la impulsada por el Gobierno nacional el año pasado, que propone que los menores que cometen delitos sean responsables penalmente a partir de los 13 años. En la actualidad es desde los 16. La mayoría de los otros proyectos buscan la reducción de la edad a 14 años. Este finalmente sería el número que oficialismo y la oposición dialoguista habrían acordado para avanzar en un despacho consensuado.
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El resto de los otros 14 proyectos fueron presentados por el PRO, la Coalición Cívica, Producción y Trabajo, La Libertad Avanza (el del mendocino Álvaro Martínez, que contempla los 12 años), Democracia para Siempre, UCR y Transformación. Además, dentro del paquete hay propuestas de Unión por la Patria: tres mantienen la edad actual y uno, el de diputados massistas, plantea los 14 años.
En lo que refiere al proyecto del Poder Ejecutivo, se busca un régimen penal aplicable a adolescentes de 13 a 18 años, reduciendo así la edad de imputabilidad de los 16 a los 13 años. Esto regirá para cuando fueran imputados por delitos tipificados en el Código Penal o leyes penales especiales.
Se define que la finalidad será “fomentar en el adolescente el sentido de la responsabilidad legal por sus actos” y “lograr su educación, resocialización e integración social”.
De acuerdo a la iniciativa, las penas privativas de la libertad serán: en el domicilio; en un instituto abierto; en un instituto especializado de detención, o bien en una sección separada de un establecimiento penitenciario.
Estará “prohibida la imposición de las penas privativas de la libertad de reclusión perpetua y de prisión perpetua”, siendo el plazo máximo de las penas privativas de la libertad de 20 años
Además, prevé penas tales como: amonestación, prohibición de contacto o de aproximarse a la víctima.
También, la prohibición de conducción de vehículos; prohibición de concurrir a determinados lugares; prohibición de salir del país y prestación de servicios a la comunidad.
Asimismo, se contempla una serie de medidas complementarias como programas educativos, deportivos, de capacitación laboral, entre otras.
