El Gobierno nacional declaró a Aerolíneas Argentinas como una empresa “sujeta a privatización” en pleno conflicto con los gremios aeronáuticos, que exigen mejoras salariales.
El presidente Javier Milei firmó el decreto 873/24, que establece el primer paso hacia la privatización de la empresa estatal. Según lo estipulado, el Gobierno deberá notificar al Congreso de la Nación, que será el encargado de dar el visto bueno o rechazar el proceso.
Así, el Ejecutivo se ampara en el artículo 9° de la Ley N° 23.696 de Reforma del Estado, sancionada durante el gobierno de Carlos Menem, para justificar su decisión de desprenderse de la cabecera de bandera.
En el decreto se argumenta que el Tesoro Nacional “no se encuentra en condiciones de mantener una empresa altamente deficitaria a través del aporte de cientos de millones de pesos que provienen del esfuerzo de los habitantes de la REPÚBLICA ARGENTINA”.
La administración de Milei sostiene que el proceso de privatización permitirá que la compañía opere “en condiciones de mercado“, lo que garantizaría, según su perspectiva, una “mejor prestación del servicio“. Además de aliviar las arcas públicas y evitar que los ciudadanos sigan financiando “el déficit de una compañía ineficiente“.
