El escándalo relacionado con los brokers de seguros durante el gobierno de Alberto Fernández sigue revelando detalles a medida que avanza la investigación judicial. Recientemente, salieron a la luz discrepancias dentro del propio gobierno respecto al rol que debían cumplir los intermediarios en las pólizas del sector público.
El conflicto se originó con la eliminación del artículo 3° del decreto 832/2021, que limitaba la participación de brokers de seguros en las pólizas del Estado, permitiéndolo solo en casos de alta complejidad y con justificación formal. Sin embargo, el artículo nunca se implementó debido a la decisión de Vilma Ibarra, secretaria de Legal y Técnica, quien optó por no formalizar la figura del productor de seguros para evitar incentivar su contratación.
No obstante, la investigación judicial indica que la eliminación de este artículo podría haber creado un entorno favorable para la intermediación de los brokers, lo que les habría generado comisiones millonarias. Según las estimaciones, solo en 2023, los brokers habrían percibido $50.000 millones en comisiones de hasta un 10% o más.
Los investigadores también se centran en chats entre funcionarios que muestran tensiones sobre la regulación de los brokers. En uno de ellos, el entonces titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, relató un intercambio con un funcionario identificado como “Martín”, quien habría objetado la eliminación de los requisitos. Aunque una de las teorías apunta a que este “Martín” sería Martín Yáñez, jefe de asesores de la Jefatura de Gabinete, su entorno negó cualquier implicación.
La investigación continúa y busca desentrañar más detalles sobre el funcionamiento de este esquema y la identidad de los involucrados.
