Hasta las manos: la nueva y severa denuncia que sacude a Alberto Fernández

El ex mandamás fue denunciado por supuesto “abuso de autoridad” durante su gestión al frente de la pandemia.

El ex presidente Alberto Fernández enfrenta una nueva y grave denuncia presentada por el fiscal federal Guillermo Marijuan, que lo pone en el centro de la polémica.

La denuncia surge a raíz de las recientes declaraciones del ex ministro de Economía, Martín Guzmán, quien aseguró que la prolongación de la cuarentena por el coronavirus en Argentina se debió a motivos políticos, más que a razones sanitarias.

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Guzmán señaló que la cuarentena, implementada para mitigar la propagación del Covid-19, se extendió más allá de lo necesario porque se había convertido en una “bandera política” que fortalecía al gobierno de turno.

“Para mí, la cuarentena fue más larga de lo que debió haber sido“, afirmó el ex funcionario, añadiendo que las restricciones se mantuvieron como una estrategia política, una medida que, según él, dejó de estar basada en criterios técnicos.

Estas declaraciones generaron un fuerte impacto, especialmente considerando que Guzmán dejó el gobierno en medio de una tensa relación con el kirchnerismo, tras meses de críticas por su gestión económica.

En la denuncia, que fue presentada en los tribunales federales de Comodoro Py, Marijuan acusa a Fernández de abuso de autoridad, un delito previsto en el artículo 248 del Código Penal de la Nación. Según el fiscal, este delito es aplicable a aquellos que “dictaren resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales”, o que no ejecuten las leyes cuyo cumplimiento les incumbiere.

Marijuan sostiene que los funcionarios involucrados actuaron “de manera arbitraria y abusiva” al prolongar el confinamiento más allá de lo necesario, basándose en información técnica que, según él, indicaba que las restricciones podían haberse flexibilizado antes.

Para Marijuan, esta decisión habría sido tomada con el objetivo de obtener un rédito político, lo que implicaría un uso indebido del poder y un apartamiento de las normas que justifican el ejercicio de la función pública.

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