La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Mendoza intensificó sus denuncias contra el Gobierno provincial, acusándolo de persecución y criminalización de la protesta social.
Esta fuerte acusación se hizo pública durante la audiencia de acusación celebrada hoy en el Polo Judicial, donde la defensa del sindicato, encabezada por el abogado Sergio Vignaud, expuso las inconsistencias en las causas judiciales interpuestas contra los dirigentes sindicales de ATE, incluyendo a su Secretario General, Roberto Macho, y a la Secretaria Adjunta, Adriana Iranzo.
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Las imputaciones contra los dirigentes sindicales están relacionadas con las medidas de fuerza llevadas a cabo por ATE en 2022, por las cuales se les acusa de violar el artículo 194 del Código Penal, que tipifica el entorpecimiento de la vía pública.
Según la defensa, las acusaciones son infundadas y parte de un plan para deslegitimar las acciones sindicales en la provincia. “Nos imputan por ir a paritar, acusándonos por cortes de rutas en fechas y horarios que coinciden con nuestras reuniones con los ministros de Gobierno y Hacienda“, afirmó Roberto Macho durante la audiencia.
Solicitud de nulidad y apoyo de las bases
Durante la audiencia, la defensa de ATE solicitó la nulidad de las cinco causas que pesan sobre los dirigentes sindicales, argumentando que las mismas carecen de sustento legal y están basadas en pruebas fabricadas.
“Viendo los fundamentos nos damos cuenta de que son todas causas armadas”, expresó Macho, quien también acusó al fiscal Fernando Giunta de actuar bajo las órdenes del gobernador Rodolfo Suárez y del exgobernador Alfredo Cornejo.
La audiencia de hoy, que se transformó en una audiencia multipropósito tras las reformas recientes, permitió que la defensa realizara varios planteos, los cuales serán resueltos por el juez al final del proceso. No obstante, la audiencia fue suspendida y se retomará el próximo 11 de septiembre.
Criminalización de la protesta social
El secretario general de ATE fue contundente en sus declaraciones, acusando al fiscal Giunta de ser un “títere de los gobiernos de turno”. Macho recordó su detención en 2022, que consideró arbitraria y sin fundamentos, y denunció que estas acciones forman parte de una estrategia más amplia del gobierno para “disciplinar a todos los trabajadores” y evitar que salgan a las calles a luchar por sus derechos.
El respaldo a los dirigentes sindicales ha sido amplio, con el apoyo del Consejo Directivo Nacional (CDN) de ATE, así como de otros Consejos Directivos Provinciales (CDP) y de la CTA Autónoma de Mendoza, que estuvieron presentes en la audiencia.
