En medio del conflicto por la decisión del Gobierno nacional de eliminar la lucha antigranizo mediante el uso de aviones, un nuevo escándalo ha puesto en alerta al sector productivo y al Justicialismo mendocino.
Resulta que el Gobierno de Mendoza dio a conocer que el Ejecutivo Nacional dispuso el fin del financiamiento de la lucha contra la Lobesia Botrana, más conocida como “polilla de la vid”. Esta situación, como era de esperarse, generó ruido en la provincia.
Por este motivo, los diputados Martín Aveiro, Liliana Paponet y Adolfo Bermejo, presentaron un proyecto en el Congreso de resolución al respecto.
Allí, los peronistas mendocinos solicitaron a la Cámara de Diputados de la Nación dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional en los términos del artículo 100°, inciso 11 de la Constitución Nacional y del artículo 204 del Reglamento Interno de esta Cámara para que, por intermedio de quien corresponda, se brinde información sobre los puntos que a continuación se detallan, vinculados con la plaga Lobesia Botrana, conocida como polilla de la vid, que afecta a la producción en todas las provincias vitivinícolas a lo largo del territorio nacional:
1- Detalle el nivel de presión de la plaga sobre el total de la superficie cultivada en las regiones vitivinícolas argentinas: Noroeste, Centro-Oeste, Sur y otras.
2- Indique los fondos que se destinarán al combate de la plaga de Lobesia Botrana, con especial referencia al suministro de los elementos necesarios para el funcionamiento de trampeo y monitoreo de la plaga.
3- Individualice las áreas del Estado Nacional que serán las encargadas de la ejecución de las políticas de combate de la plaga y su vinculación con los actores productivos.
4- Precise y consigne las articulaciones institucionales desarrolladas con las Provincias y sectores productivos afectados por la plaga.
En los fundamentos, los legisladores indican que la Lobesia Botrana es una plaga que ataca el cultivo de vid, por ello se la conoce comúnmente como “la polilla de la vid”, y es una plaga de importancia cuarentenaria para la República Argentina, que está bajo control oficial gracias a los esfuerzos que desde hace una década realiza el Estado nacional en articulación con los gobiernos de las provincias vitivinícolas y los productores.
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La plaga estuvo ausente en toda Sudamérica hasta el año 2008, cuando el Servicio Agrícola Ganadero (SAG) de Chile detectó la presencia en su territorio. Por tal motivo, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) declaró la alerta fitosanitaria e implementó una serie de medidas de prevención plasmadas en la Resolución No 362/09 que establece, entre otras, la denuncia obligatoria de la presencia de la plaga.
Como parte de estas medidas de prevención se implementó una red oficial de monitoreo con trampas específicas de confusión sexual del insecto con feromonas, distribuidas a lo largo de las principales zonas productoras de vid del país. Estas acciones de vigilancia son coordinadas por SENASA, con colaboración de los Organismos Fitosanitarios Provinciales y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
En el 2010 se declaró la emergencia fitosanitaria a través de la Resolución SENASA No 122/2010, a fin de contener y controlar la plaga Lobesia Botrana. Luego, se implementaron distintas medidas tendientes a contener y reducir la plaga y se intensificaron las acciones de fiscalización a campo, entre ella fue aprobado e implementado el Programa Nacional de Prevención y Erradicación de Lobesia Botrana que se realiza ininterrumpidamente desde entonces.
En el 2015 fue sancionado en el Congreso la Ley 27.227 que declara de interés nacional el control de la plaga de la Lobesia botrana y establece que el SENASA, a través del Programa Nacional de Prevención y Erradicación de Lobesia botrana, será el encargado de entregar a los productores vitivinícolas los emisores de feromona para la implementación de la técnica de confusión sexual, o bien los insumos necesarios para el empleo de alguna técnica de lucha contra la plaga que sea superadora de la mencionada, arbitrando las medidas para que la estrategia a implementar tenga carácter generalizado y simultáneo sobre las propiedades que se encuentren en las áreas con presencia del insecto en función de los resultados del monitoreo oficial de la plaga que realiza el programa aludido.
Actualmente, al conocerse que no habrá recursos ni una política desde el Estado nacional para la lucha contra la plaga en el período 2024-2025; la cual debería comenzar en septiembre próximo; los legisladores nacionales por Mendoza presionan al Poder Ejecutivo Nacional.