El ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, manifestó hoy que existe la posibilidad de que el Gobierno tome medidas excepcionales, en el caso que se reflejara una caída en los ingresos de los sectores vulnerables, como así también si incrementaran los casos de coronavirus en el país.
“Si hay un rebrote y la situación social se complica vamos a tomar medidas excepcionales”, dijo el funcionario en dialogo con El Destape.
Entre sus dichos, también destacó que el país se encuentra en un “contexto de incertidumbre”.
Sobre el cierre del mes de noviembre del año pasado, el Gobierno descartó la posibilidad de que haya un cuarto Ingreso Familiar de Emergencia (IFE 4) durante las pocas semanas que le quedaban al 2020. Tampoco se contemplaron ayudas de este tipo en el presupuesto 2021.
Es importante resaltar que, en el marco de las negociaciones con el Fondo Monetario, se conocieron algunas exigencias del organismo para que el país implemente medidas de austeridad y reformas estructurales que saneen la situación fiscal.
A pesar de todo esto, Arroyo resaltó que si se llega a dar un rebrote de casos de coronavirus y “la situación social vuelve a ser de emergencia, vamos a encarar las políticas necesarias“.
Y resaltó lo manifestado por el presidente Alberto Fernández, en “tomar medidas excepcionales si hace falta”.
El IFE llegó a 9 millones de personas con tres desembolsos de $ 10.000 cada uno que se concretaron entre abril y septiembre de 2020. El Estado destinó $ 270.000 millones a esta ayuda que llegaba a desocupados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), empleadas domésticas, trabajadores informales y monotributistas de las categorías A y B.
El año pasado también se llevó a cabo el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), una pieza clave para sostener la actividad privada en medio de la cuarentena estricta. A través del ATP, el Gobierno se hacía cargo del pago de hasta el 50% de los salarios. A medida que se retomaron las aperturas, esa asistencia se fue achicando hasta que el programa terminó en diciembre.
El IFE y ATP se fueron discontinuando mientras la pandemia empezó a debilitarse y se producía el avance de las vacunas. El motivo principal para acotar estas ayudas fue ponerle límites al déficit fiscal. El año pasado el rojo en las cuentas públicas superó el 7% y el Banco Central emitió 2 billones de pesos para cubrir estas ayudas y otros gastos del Estado.
Durante la entrevista, el ministro Arroyo remarcó que su cartera está al tanto de la construcción, producción de alimentos, actividad textil, la economía del cuidado y reciclado, que es donde “trabaja el sector informal” y que “define cuanto mejora la situación en los barrios”.
Al tiempo que sostuvo que los problemas más graves de los barrios populares en la actualidad son “el precio de los alimentos y el endeudamiento de las familias”.
Es por eso que explicó que uno de los objetivos para este año es “generar nuevos montos para las Tarjetas Alimentarias, un apoyo extra a las tarjetas e incorporar a gente que no estaba”. Este beneficio alcanza a 1,5 millón de familias que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y que tienen a su cargo a niños menores de 6 años.
