El Gobierno nacional realizó una denuncia judicial por los presuntos delitos de “extorsión” y “defraudación al Estado” contra varias organizaciones sociales en relación al manejo de planes sociales.
La iniciativa se tomó en función a las 16.150 llamadas que se recibieron a la línea 134. De las mismas, 1.200 se podrían relacionar directamente con ese delito.
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Así lo informó el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa, en la que precisó que identificaron a 14 organizaciones sociales. Entre ellas se encuentran el Polo Obrero, la Corriente Clasista y Combativa y el Movimiento Evita.
Además, se consignó que el gasto por el despliegue del operativo de seguridad con motivo de la marcha de protesta realizada el miércoles último ascendió a 60 millones de pesos, que “será la factura que se le pasará a los movimientos sociales”.
De momento, el Gobierno informó que lograron identificar a 32 personas y las mismas, fueron denunciadas por este motivo.
“Vamos a intimar a las organizaciones que participaron para que se hagan cargo del gasto, que no corresponde a la ciudadanía”, indicó.
