Earthjustice (organización de derecho ambiental con sede en EEUU) y la comunidad mapuche Malalweche presentaron ante la Corte recursos contra el decreto que firmo el ex gobernador Alfredo Cornejo en 2018 habilitando el fracking.
De esta forma se suman a la demanda de Red OIKOS Ambiental, que ya había pedido la inconstitucionalidad de la misma resolución.
El expediente impulsado por OIKOS se halla en la Suprema Corte de Justicia y los fundamentos utilizados refieren a la violación de normas constitucionales, tanto provinciales como nacionales, en lo que ha derecho ambiental respecta.
Asimismo señala que nadie controla la fractura hidráulica en la provincia y ni siquiera se protege el derecho a un medio ambiente sano.
Lo propio, en calidad de Amicus Curiae, hicieron Xumek y FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales).
Según cuenta el portal explicito online, en octubre Xumek fue a la Justicia con el propósito de frenar el fracking en una zona de Malargüe y cuya tarea estaba a cargo de una petrolera de Vila-Manzano.
La mención que se hace en esta presentación es que, no sólo no se realizó un estudio de impacto ambiental, sino que tampoco se oyó a los pueblos mapuches.
Desde Malalweche señalaron que no se los escucha: “El caso de Lof Limay Kurref que fue afectado con la realización de dos pozos en los que se aplica la técnica de fracking para extraer petróleo no convencional a quien se le negó infundadamente el derecho a la consulta y el consentimiento”.
En ese sentido agregan: “O los casos del lof Malal Pincheira y Lof El Morro, que habiendo mostrado Voluntad de desarrollar el proceso de consulta con actas firmadas, unilateralmente la Dirección de Protección Ambiental del gobierno provincial no cumplió con los procedimientos, situación que confirma la falta de controles y capacidad para hacer operativo los compromisos de protección del ambiente y los derechos reconocidos sobre pueblos originarios”.
“la Seguridad Jurídica debe ser entendida en condiciones de igualdad en el acceso a la Justicia, esta balanza siempre se corre hacia el lado de las Empresas y Corporaciones Trasnacionales, los gobiernos deben garantizar estas condiciones de protección de Derechos” Asegura Gabriel Jofré Werken, miembro de Malalweche.
Por último, fustigó al mencionar que “si las demoras del Poder Judicial implican una violación constante y permanente en los Territorios comunitarias, esta Justicia deja muchas dudas sobre su imparcialidad o sistema de aplicación”.
Por su parte, Earthjustice intenta impugnar el decreto de Cornejo.
“Si la demanda tiene éxito, detendrá el fracking en la provincia hasta que el gobierno realice una evaluación completa de los impactos ambientales. Las regulaciones de fracking de Mendoza se aceleraron con una escasa o nula evaluación previa sobre cómo la práctica podría contaminar las preciosas fuentes de agua de Mendoza, causar actividad sísmica o esparcir material radiactivo, entre otros impactos”, aseguraron desde la organización jurídica.
“Proporcionamos a la Corte Suprema de Mendoza numerosos ejemplos de estudios científicos y gubernamentales sobre la experiencia del fracking en los Estados Unidos y el potencial de esa práctica para causar daños graves e irreversibles. El principio precautorio, una doctrina legal en el derecho argentino e internacional, enfatiza la cautela y la revisión antes de emprender nuevas prácticas que puedan causar daños, como el fracking. Argumentamos que el principio precautorio requiere que el gobierno tome fuertes precauciones antes de autorizar nuevos proyectos de fracking en la provincia” agregan.
Un abogado que se desprende allí, Jacob Kopas, aseguró que “antes de llevar a cabo la práctica de fracking, el gobierno de Mendoza debe analizar detenidamente la ciencia y la evidencia sobre sus impactos. No debe ignorar los errores cometidos en otros países donde la evidencia creciente muestra cómo los desechos del fracking pueden ensuciar el aire, además de contaminar ríos y acuíferos subterráneos”.
Asimismo, señaló que “el fracking puede incluso exponer a los trabajadores y comunidades aledañas a niveles peligrosos de partículas radiactivas. Mendoza puede impulsar su economía y crear nuevos empleos invirtiendo en alternativas de energía limpia como la solar o la eólica”.
