Tras la sanción de la ley conocida como “Ficha Limpia” en la Legislatura de Mendoza, la primera en hacerlo, la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública resolvió crear un Registro Electrónico de Antecedentes Penales.
En diálogo con Diario San Rafael y FM Vos, el auditor general de dicho organismo, Gabriel Balsells Miró, detalló cómo se realizará el control.
“Sancionada la ley 9281 donde se estableció el sistema de Ficha Limpia la cual modifica tres normas vigentes en la provincia de Mendoza, entre ellas la ley electoral, bien se sabe que esta ley establece como requisito previo el registro de antecedentes penales para la presentación de listas en cargos electivos donde conste que no hayan sido condenados aunque la sentencia no esté firme, los funcionarios tienen 30 días para presentar en nuestra oficina este registro” inició comentando.
En ese sentido agregó: “Quiero aclarar que no son todos los funcionarios quienes deben presentar este registro, sino aquellos cargos jerárquicos comprendidos en el artículo 6 de la ley que va de directores hacia arriba en el Poder Ejecutivo y de prosecretario en adelante en el Poder Judicial. En cuanto a los cargos electivos, para las elecciones de 2021 en Mendoza los precandidatos tendrán que presentar ante la Junta Electoral este certificado donde conste que no tengan condena en primera instancia, expresando qué delitos están comprendidos”.
“En el caso de cargos electivos, los partidos políticos lo primero que tienen que hacer es reemplazar a ese precandidato y si no lo hacen, según dice la ley, considera que la lista es incompleta y no pueden competir. En el caso de los funcionarios, se los debe intimar y quien lo designó, hay que destituirlos de sus cargos tanto en los Concejos como en las Cámaras; actualmente es fácil obtener este certificado ya sea por el Registro Civil o por la página del Ministerio de Justicia de la Nación”, explicó el funcionario.
Añadió asimismo que “nos tienen que informar quién es la persona designada para poder exigir este certificado, debe haber un mecanismo de información entre los tres poderes del Estado y la Oficina de Ética Pública”.
Por último comentó que “es algo positivo y dará un control previo importante más allá de regular el comportamiento de los funcionarios públicos”.
