Recientemente, el ala kirchnerista del Senado de la Nación, sector en el que se encuentra la mendocina Anabel Fernández Sagasti, presentó un proyecto que establece la realización de un extamen antidoping obligatorio a los funcionarios de los tres poderes del Estado.
La iniciativa, que probablemente genere un fuerte debate respecto de su constitucionalidad, además fue avalado por Juliana Di Tullio, Oscar Parilli y José Mayans.
Según Di Tullio se trata de la “ley de Coherencia” en la lucha contra el narcotráfico. “La situación que estamos viviendo con el narcotráfico nos obliga como funcionarios a comprometernos en serio. No podemos decir una cosa y hacer otra, el pueblo nos está pidiendo coherencia”, expresaron colaboradores de la senadora.
Los autores de la inicativa explicaron que se “establece la realización obligatoria de un examen de detección de metabólicos de drogas ilegales en orina al menos una vez al año y de manera aleatoria”.
Y destacaron que en caso de que un funcionario arrojara resultado positivo, entrará en un “proceso de suspensión y/o licencias hasta su recuperación”.
El control y la realización del “antidoping” funcionarial quedaría en manos de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas, que depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros actualmente cargo de Agustín Rossi.
¿Quiénes deberían someterse al antidoping?
- Poder Ejecutivo: Presidente, Vicepresidente, ministros y funcionarios hasta el rango de subsecretario de Estado.
- Poder Legislativo: legisladores nacionales y funcionarios hasta el rango de prosecretarios.
- Poder Judicial: Los magistrados en todos sus niveles y funcionarios hasta el grado de prosecretario administrativo.
