Un estudio publicado por la Bolsa de Comercio de Córdoba, reflejó que Tierra del Fuego es la jurisdicción que “lidera el ranking de distritos con mayor nivel de transferencias per cápita y que, a la vez, cuentan con más cantidad de empleados públicos cada 1000 habitantes”.
La institución cordobés explicó que “mientras mayor sea el nivel de transferencias per cápita recibidas por las jurisdicciones, mayor es el nivel de empleo público”.
En la otra punta del listado figuran elas provincias con menor dependencia de Nación y también con menos peso del empleo público. La Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Misiones.
“Se cumplieron 35 años de la entrada en vigencia de la Ley 23.548, la de coparticipación. Esa norma estableció, desde el 1 de enero de 1988, un régimen transitorio de distribución de recursos entre la Nación y las Provincias. Nunca se cumplió con la actualización prevista en la reforma constitucional de 1994″, explicaron mediante el informe.
En esa reforma plantearon que la distribución entre la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires y entre estas, se realizaría en relación directa con las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas contemplando criterios objetivos de reparto y que sería “equitativa, solidaria y daría prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional”.
Así y todo, todos los meses, la Nación le cede recursos a las provincias y a CABA, la mayor parte son por coparticipación, aunque también existen envíos discrecionales por fuera de esa ley.
“El resultado del comportamiento descripto es que el plantel de empleados públicos en las provincias está sobredimensionado en comparación con su recaudación tributaria. Por ejemplo, ninguna provincia podría cubrir todo su gasto en personal con esos recursos, mientras que el promedio de las jurisdicciones sólo llega a cubrir 45% de ese ítem. Quince jurisdicciones se encuentran por debajo de este promedio”, añadieron los voceros de la bolsa cordobesa.
En tal sentido, el informe precisó que la administración nacional y las provincias llevan a cabo “políticas de ingresos y gastos públicos descoordinadas, con un marco legal claramente desbordado por la realidad”, o cual repercute negativamente en la sociedad, debido a la “elevada presión fiscal sobre el sector formal de la economía para financiar el tamaño del Estado creciente” que no logra otorgar servicios públicos eficientes.
Este es el resultado de un desequilibrio regional en la asignación de recursos que debe ser tenido en cuenta en las discusiones para una futura modificación del esquema de Coparticipación, que amerita entre otras cosas analizar la posibilidad de aminorar la importancia de las transferencias de libre disponibilidad a las provincias en el marco de una rediscusión de las potestades fiscales de los distintos niveles de gobierno”, concluye el informe.
