El Diputado Nacional y candidato a Gobernador por el PRO Cambia Mendoza, Omar De Marchi, es acusado de estar “hostigando” a familias mapuches en el departamento de Malargüe.
Según indica la información, el hecho ocurre en el paraje Los Molles, donde en estos momentos el diputado se encuentra con un grupo de personas y cámaras, hostigando a las familias de Lof Suyai Leufu, detallan.
Desde la Organización Identidad Territorial Malalweche, representativa del pueblo Mapuche en la provincia de Mendoza desde el año 2009, emitieron un comunicado donde aseguraron: “Queremos recordar en el recinto de la legislatura provincial hechos y acciones que fueron pasando desde hace años en nuestra provincia y expresar que hoy, nos parece oportuno aprovechar la cobertura mediática que por fin tuvo la temática para plantear la necesidad de una agenda legislativa sobre la política indígena en la provincia”.
“La legislatura provincial ha tenido intervenciones importantes en distintos conflictos o recepciones de
informes, desde la Comisión de Derechos y Garantías, en distintas épocas y por distintos legisladores, recepcionando los reclamos de tierra y territorios y solicitud de adecuación de los marcos legislativos provinciales.
El artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional establece que corresponde al Congreso:
- Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos.
- Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural.
- Reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan.
- Regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano.
- Ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos.
- Por último, asegura la participación de los pueblos en la gestión referida a sus recursos naturales y demás intereses que los afecten, y remarca que las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.
La provincia de Mendoza no ha hecho ejercicio estas atribuciones contribuyendo a la INSEGURIDAD JURÍDICA de las comunidades; por un lado, el reconocimiento de sus personerías jurídicas y ocupaciones actuales tradicionales y publicas por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (del Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación) por un lado, y el “desconocimiento provincial” por otro”, reclamaron.
