Desde el desde bloque de Cambia Mendoza presentaron un proyecto para actualizar las sanciones económicas a quien no utilicen el recurso hídrico adecuadamente.
El oficialismo considera que se debe producir una modificación legal, que actualice la significancia económica de los montos a valores acordes a la actual realidad, y a la vez disponer un sistema de actualización eficaz que garantice el adecuado funcionamiento de las instituciones de protección de la calidad del agua de todos los mendocinos.
De esta manera, propusieron que se modifiquen los montos de las sanciones establecidas en la Ley General de Aguas, y que, además, cree la Unidad de Agua (UDA), que será fijada en $500, la cual se modificará en base a la evolución de los salarios y la inflación.
El proyecto llegó al seno de la comisión de Hacienda, por lo que fue invitado uno de los autores de la iniciativa, el senador Marcelo Rubio, y un representante del Departamento General de Irrigación, el Dr. Leonardo Muzzino del Tribunal Administrativo, quienes explicaron los puntos principales del proyecto analizado.
Rubio explicó que esta iniciativa fue elaborada en conjunto el Departamento General de Irrigación y lleva las firmas de Martín Kerchner (UCR), Rolando Baldasso (PRO), Fernando Alín (Partido Socialista) y Ernesto Mancinelli (Libres del Sur).
“Lo que propusimos con esto es que haya una unidad de referencia, ya que nos parece importante hacer cambios y crear una unidad de identificación para el agua, un recurso tan importante en la Provincia“, añadió el legislador.
Alcances del proyecto
Para evitar que los montos vuelvan a quedar desfasados con el paso de los años, la Unidad de Agua (UDA) se ajustará según la aplicación de la fórmula compuesta por dos componentes.
En un 50% por la evolución de los salarios, medida por el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), y en un 50% por la variación de la inflación que mide el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Los montos de las multas
- De $5.000 a $500.000 a todo contrato de agua destinándola a otro uso que aquél para el cual se hizo la concesión, para quien obstruya el curso de un desagüe o el que derive en provecho propio el agua que estaba destinada a otro.
- De $10.000 a $50.000 para los funcionarios, empleados o autoridades de riego que toleren la sustracción indebida del agua cuando tuvieren un conocimiento cierto del hecho, sin denunciarlo o sin adoptar las medidas respectivas.
- Con $150.000 por cada hectárea cultivada en forma clandestina o ilegítima.
- De $150.000 a $5.000.000 a quien construya un pozo para extraer aguas subterráneas sin la previa autorización reglamentada.
- De $50.000 a $500.000.000 para casos de violaciones a la Ley 6044 de Reordenamiento institucional, prestación servicios provisión de agua potable, saneamiento y protección calidad.
