Por estas horas, mucho se habla de un avión carguero venezolano que fue “inmovilizado” en el Aeropuerto de Ezeiza, argumentando que contaba con sanciones impuestas por los Estados Unidos.
Además, el vuelo contaba con doce venezolanos y cinco iraníes a bordo, a los cuales les detuvieron los respectivos pasaportes.
Esto no es todo, señalaron que el avión, identificada como un Boeing 747 de la firma Emtrasur, entró a territorio nacional, y voló desde Córdoba a Buenos Aires con el transponder desactivado, intentando pasar desapercibido.
Pese a las pocas declaraciones periodísticas brindadas por el Gobierno nacional hasta el momento, no ha habido una palabra oficial sobre lo sucedido. A raíz de esto, desde Juntos por el Cambio (JxC), presentaron pedidos de informe que apuntan al ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, y al su par del Interior, Wado de Pedro.
En las solicitudes, a las que se sumaron diferentes opositores, les exigieron que otorguen información con respecto el avión y sus pasajeros.
Entre los datos pedidos estrictamente sobre el avión se encuentran “los motivos de retención de la aeronave, información precisa sobre su titularidad, su itinerario, el por qué atravesó e ingresó al país y una confirmación sobre si efectivamente apagó el transponder”, junto al por qué y en qué regiones sucedió esto en caso de que la respuesta sea afirmativa.
También, sobre las personas que ocupaban el avión se solicitó “la nómina completa y sus antecedentes, en caso de tenerlos, las medidas que se llevaron a cabo con respecto a su ingreso y si situación migratoria”.
En lo que respecta al operativo, se pidió que se explique si se recibió o no algún tipo de alerta por el ingreso del avión en cuestión, si se le pidieron explicaciones a Irán y Venezuela sobre esta situación, y si Estados Unidos consultó o aportó información.
Entre los fundamentos para realizar los pedidos, argumentaron que, en primer lugar, “la aeronave circulaba con un manifiesto que, según trascendió en los medios de comunicación, tenía irregularidades”.
Y explicaron: “La retención en nuestro país del avión, estrechamente vinculado a la compañía iraní Mahan Air, sancionada por los Estados Unidos por sus vínculos con actividades terroristas, constituye un hecho que debe ser esclarecido con urgencia por las autoridades nacionales”.
En la misma línea, precisaron que la aeronave pertenece a la compañía venezolana Emtrasur Cargo en la actualidad, sin embargo, hasta enero era propiedad de Mahan Air, empresa que lo había utilizado en los últimos 15 días.
“Estados Unidos la sancionó (a la empresa Mahan Air), porque la considera un brazo logístico de Quds, fuerza que responde a los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, especializada en guerra asimétrica y operaciones de inteligencia militar”, añadieron.
Sobre el cierre, enfatizaron que “investigadores locales recibieron información que señala que las personas (los pasajeros del avión) podrían tener vínculos con la fuerza Quds, grupo que fue calificado como terrorista por los Estados Unidos y cuyo jefe de 1994 tiene pedido de búsqueda y captura internacional por el atentado a la AMIA”.
Ambos pedidos fueron firmados por Waldo Wolff y respaldados por Cristian Ritondo, Gerardo Milman, María Luján Rey, Fernando Iglesias, Alejandro Finocchiario, Graciela Ocaña, Ricardo López Murphy, Alberto Assef, José Núñez, Ana Clara Romero, Dina Rezinovsky, Omar De Marchi y Héctor Stefani.
