El Tribunal Oral Federal (TOF) condenó hoy a 8 años de prisión al exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime, por enriquecimiento ilícito mientras era funcionario público y por irregularidades en la compra de material ferroviario en desuso a España y Portugal, hecho por el cual también fue condenado, a cuatro años de prisión, el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido.
La sentencia condenatoria fue dictada por los jueces Julio Panelo, Fernando Canero, Ricardo Basílico que el 2 de junio a las 18 darán a conocer los fundamentos, según informaron fuentes judiciales. En el juicio intervino como fiscal Gabriela Baigún.
En relación a Jaime, el tribunal lo señaló como autor penalmente responsable del delito de enriquecimiento ilícito de funcionario público en concurso real con los delitos de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y como autor del delito de cohecho, en el marco de la causa por la compra de trenes a España y Portugal.
Para la Justicia, el exsecretario de trasporte se enriqueció de forma ilegal mientras ejercía la función pública al mismo tiempo que, desde el cargo que detentaba, cobró coimas para que se llevara a cabo la compra de material ferroviario fuera de uso a los dos países europeos.
El TOF 6 también condenó a 5 años y 8 meses de prisión a Manuel Vázquez, exasesor de Jaime, por considerarlo partícipe necesario del delito de enriquecimiento ilícito de funcionario público en concurso material con los delitos de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y cohecho.
Para la Justicia, las coimas por las cuales fue condenado Jaime fueron canalizadas a través de empresas que manejaba Vázquez.
Entre los condenados también se encuentra Julieta Cecilia Jaime, hija del exfuncionario, quien recibió una pena de ejecución en suspenso (2 años y cuatro meses de prisión), porque los jueces consideraron que fue participe necesaria del enriquecimiento de su padre.
El exministro De Vido fue condenado a la pena de cuatro años de prisión sindicado como coautor del delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, por la compra de los trenes a España y Portugal, iniciada en el 2005.
