El revuelo entorno al avance de la construcción del centro internacional de esquí El Azufre, en el departamento de Malargüe, sigue sumando voces críticas.
Recientemente, las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (Ampap), repudiaron “un nuevo ataque contra el pueblo, el patrimonio público y los bienes comunes naturales de la provincia de Mendoza- y de Malargüe en particular- por parte del Gobierno de Mendoza. Ataque materializado en la reciente y gratuita entrega de un gran sector en la zona cordillerana – conocido como “Potreros de Cordillera” a favor del grupo empresario ‘El Azufre S.A’ de Buenos Aires para el supuesto desarrollo de un centro de esquí y emprendimiento inmobiliario de alto impacto ambiental”.
Sostienen que por el cambio climático y la crisis hídrica por la que transita Mendoza, “regalar 12.351 hectáreas de tierras fiscales cordilleranas, en zona de frontera, repletas de bienes naturales estratégicos, constituye no sólo un atentado a la vida y a las economías regionales sino también un delito”.
Además, indicaron que “constituye una demostración de la vulneración intencional y reconocida de leyes nacionales y provinciales por parte de representantes y funcionarios del gobierno provincial en complicidad con el gobierno nacional, y en consonancia con el modelo extractivista implementado como política nacional de estado”.
Los ambientalistas señalaron que de continuar el proyecto, se vería afectada la cuenca del Río Valenzuela, “una de las zonas hídricamente más activas de Mendoza, importantes glaciares, humedales altoandinos, nacientes de ríos, arroyos y vertientes terminales que por esta medida ilegal e ilegitima dejan de ser patrimonio público mendocino para convertirse en propiedad privada”.
Señalaron que esta avanzada del Gobierno encabezado por Rodolfo Suarez se da “sin presentación de Estudio de Impacto Ambiental, ni realización de audiencia pública, ni existencia de expediente del proyecto”, y recordaron que se trata “instancias obligatorias según la Ley Nacional 25.675 y la Ley Provincial N° 5.961”.
“Tampoco se ha contemplado la Ley Nacional de Glaciares N° 26.639, ni las denuncias presentadas por ser tierras contempladas en el relevamiento de Pueblos Originarios de acuerdo a la Ley Nacional N° 26.160”, añadieron en un comunicado al que tuvo acceso News Online.
En otro pasaje denunciaron que “se ha hecho caso omiso tanto a pedidos de puesteros como a informes técnicos que señalan el alto riesgo de actividad volcánica del sector, por estar ubicado a los pies de la caldera del complejo volcánico Planchón-Peteroa”.
“Los pueblos de Mendoza tenemos amplias posibilidades de generar proyectos acordes a nuestras propias necesidades y que no impliquen entrega ni saqueo de los bienes comunes, ni afecten el agua ni las cuencas interdepartamentales o interprovinciales”, continuaron.
Remarcaron que “es justo e inmoral que, ante cada proceso de exploración, explotación y saqueo de bienes por parte de actividades como la minería, la generación de energía, la explotación de hidrocarburos, el turismo intensivo y, peor aún, la entrega de tierras pergeñadas en las oficinas del gobierno provincial o municipal; los habitantes – históricos postergados, no seamos respetados en nuestros derechos a ser escuchados, a que se respete nuestra cultura, a que se reconozca la prioridad del derecho sobre el territorio”.
Por último, las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura denunciaron “maniobras fraudulentas que implican esta infame entrega de nuestros territorios, y convocamos a la población a comprometerse activamente en la defensa de los bienes naturales colectivos de la provincia”.
