Más del 27% de los argentinos, de no recibir un beneficio social por parte del Estado, se encontrarían en estado de indigencia: el 64,1% de los niños, niñas y adolescentes viven por debajo de la línea de pobreza y, el 16%, por debajo de la línea de indigencia.
Asimismo, es dable destacar, que el 44,6% de los hogares argentinos recibieron este año alguna ayuda social.
Estos son de los datos más importantes que se desprende del informe de “Deudas Sociales en la Argentina 2010-2020. Crisis de Empleo, Pobreza y Desigualdades Estructurales en el contexto covid -19” que realizó el Observatorio de Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) que asegura que, si bien el auxilio por parte del Estado mermó los efectos que podría haber causado la pandemia, la desigualdad estructural continúa in crescendo: apenas el 26% de los argentinos no se encuentra por debajo de la línea de pobreza.
Según la Encuesta de Deuda Social Argentina (EDSA) realizada entre julio y octubre de este año, el 73% de los hogares y el 10% de las personas son indigentes. En tanto, el 34,9% de los hogares y el 44,2% de las personas se encuentran bajo la línea de pobreza.
Según se desprende del informe publicado por El Cronista, estas son las cifras más elevadas de la última década.
En tal sentido, el 64,1% de los niños, niñas y adolescentes de entre 0 y 17 años viven en hogares cuyos ingresos se encuentran por debajo de la línea de pobreza y el 16% en hogares que están con ingresos por debajo de la línea de indigencia.
Además se destaca que un 10,3% de las personas cayeron en la indigencia y un 13,7% en pobreza entre el 2019 y el 2020.
Tan sólo un 26%, es decir uno de cada cuatro argentinos, llega a cubrir los costos de la Canasta Básica Total que trata de alimentos, bienes y servicios.
Con la pandemia latente, el 47,4% de los hogares recibió alguna ayuda estatal para poder subsistir. Es decir, que alrededor del 55,5% de personas que habita en hogares que recibieron alguna asignación.
El 44,6% de los hogares recibieron algún auxilio vinculado con transferencias de ingreso, es decir, tarjeta alimentaria/social, Asignaciones familiares no contributivas, programas de empleo, Ingreso Familiar de Emergencia, entre otras. Mientras tanto, el 20,5% de los hogares informó haber recibido alguna ayuda alimentaria.
Es dable destacar que el IFE no fue añadido en el proyecto que se votó del presupuesto 2021.
En conclusión, según el observatorio comandado por Agustín Salvia, a pesar de que las medidas impuestas lograron de alguna manera amortiguar los efectos de la crisis de la pandemia y los malos manejos de la cuarentena, no fueron suficientes para compensar la retracción económica, la destrucción del empleo y el incremento de los índices de pobreza e indigencia.
Es decir, no es simplemente que hay más pobres sino que quienes lo eran antes de la pandemia, hoy son aún más pobres.
En tanto, la tasa de desocupación subió del 10,6% a 14,2% en este 2020 según el propio informe de la UCA, sin embargo, el mismo destaca que ese número podría haberse ubicado en el 27,3%.
Ello se da por la merma de la actividad comercial, y productiva con la cuarentena como el artífice y la disminución de la oferta de empleo.
Dentro de los asalariados, el 27,5% se encuentra bajo contratación laboral no declarada. Asimismo, el 69,9% de los trabajadores independientes no realizó los aportes jubilatorios.
Es decir, el 46,1% del total de los ocupados no participa del Sistema de Seguridad Social. En otras palabras, la problemática no es social, es económica.
